Ilegal el censo de carros “chocolate” que 
pretende realizar el gobierno de BC: SHCP

Emite gobierno federal documento dirigido a Fidel 
Villanueva; sancionará a Bonilla como contrabandista

(…) El Estado de Baja California, al tener suscrito el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su Anexo B, se encuentra obligado a no otorgar tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de vehículos que no acrediten la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país

Ensenada, B.C.- El director general adjunto de la Dirección General Adjunta de Legislación Aduanera y Comercio Exterior, José Luis Rosales Rodríguez echó por tierra el censo que pretende aplicar el gobierno del Estado de Baja California, y advirtió que se podría sancionar como contrabandista al gobernador Jaime Bonilla Valdez.

        Lo anterior se desprende de un documento que fue enviado por aquella dependencia del gobierno federal, al señor Fidel Villanueva Ramírez, asesor general del Consejo Nacional de Anapromex, a quien le aclara: “Me refiero a su escrito dirigido, entre otros, al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público (Arturo Herrera Gutiérrez​), de fecha 15 de octubre de 2O2O, recibido en esta Unidad Administrativa el16 de octubre del mismo año, mediante el cual solicita se Ie haga llegar un exhorto al Gobierno del Estado de Baja California para que DEJE DE ENGAÑAR A LA CIUDADANÍA y deje de afectar el interés jurídico de los poseedores de vehículos de procedencia extranjera denominados "chocolate", lo anterior derivado de la aplicación de un censo vehicular que permite la circulación, cuyo costo es de mil pesos y solicitan como requisitos datos personales y Ia INE; esto a través del "lnstituto de ldentidad Vehicular", el cual fue creado mediante la ley inconstitucional "Ley que Crea el lnstituto de ldentidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California", sobre la cual manifiesta que se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

        En respuesta a aquel oficio entregado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el señor Villanueva Ramírez, aquella dependencia del gobierno federal advierte que:

Sobre el particular, con fundamento en los artÍculos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52, fracción lV, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “le informo que se toma conocimiento de sus peticiones y, con carácter meramente informativo se manifiesta lo siguiente:

El Estado de Baja California, al tener suscrito el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su Anexo B, se encuentra obligado a no otorgar tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de vehículos que no acrediten la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país en régimen de importación definitiva; asimismo, el artículo l5l de la Ley Aduanera dispone que las autoridades aduaneras deben proceder al embargo precautorio de las mercancías, cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que éstas se sometieron a los trámites previstos en la misma Ley, para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia.

Frente a lo anterior y a pregunta expresa del reportero, sobre los vehículos de procedencia extranjera, afiliados a Anapromex y la posibilidad de su embargo precautorio, Fidel Villanueva aclaró:

“Nuestra asociación dispone de un amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mientras no se resuelva el fondo del mismo, es decir un decreto de nacionalización, con el pago justo de los derechos de importación, ninguno de nuestros afiliados puede ser molestado por ninguna autoridad del orden estatal, municipal o federal y, tampoco el gobierno del Estado, puede elaboprarf un censo, porque va contra los acuerdos que norman la vida constitucional del país”.

        En razón de lo anterior, las Unidades Administrativas de esta dependencia, en el ámbito de su competencia, en su caso, advierte el documento emitido por la Secretaría de Hacienda, analizarán la procedencia de las sanciones correspondientes de conformidad como lo establecido en el artículo l05 del Código Fiscal de la Federación, el cual determina que se sancionará con las mismas penas del contrabando, a cualquier funcionario o empleado público de la Federación o de los Estados que en tal carácter, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o extracción de él a cualquier vehículo que su importación se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente.

        En el documento, cuya copia entregó el señor Villanueva Ramírez al servicio de noticias Tertulia Política, se advierte que, “el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue exhortado por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República, mediante la emisión de un punto de acuerdo publicado en la Caceta del Senado el 24 de marzo del año en curso, para que se abstuviera de promulgar la Ley que Crea el lnstituto de ldentidad Vehlcular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, así como la reforma y adición del artículo 25O Quater del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que ambas son inconstitucionales.

        Cabe destacar la disposición del gobierno de la República, de que en conjunto con las demás áreas competentes de la Administración Pública Federal, se encuentra analizando soluciones integrales para atender la problemática que representan los vehículos ilegales, privilegiando en todo momento el debido cumplimiento de la normatividad vigente.